SANTO DOMINGO.-El presidente de la Federación de Padres con Niños en Colegios privados y Escuelas Públicas (FEDEPADRES), Juan Ávila Abreu, consideró este lunes de ilegal la decisión de algunos colegios privados de
obligar a los padres de sus estudiantes a firmar pagarés notariales por el monto de la colegiatura del año escolar y afirmó que llevará el caso al Tribunal Constitucional (TC).
Ávila afirmó que los abogados Carlos Balcácer, Frank Reinaldo Fermín y Alejandro Guzmán Lizardo, trabajan en el recurso de amparo que someterán mañana ante ese tribunal en contra de la medida.
En tanto que, el ministerio de Educación respondió diciendo que ese documento debe ser un acuerdo entre las partes y que los padres pueden optar por no firmarlo.
Carmen Reyes, consultora jurídica del ministerio de Educación, indicó que los padres tienen la opción de inscribir a sus hijos en un colegio que no los obligue a firmar pagarés o llevarlos a las escuelas públicas.
“Los padres tienen dos opciones. Pueden identificar un centro educativo que no los someta a ese tipo de compromisos o recurrir al servicio que nosotros les ofrecemos de manera gratuita”, precisó la funcionaria.
Manifestó que esa dependencia está ofreciendo a la población un sistema educativo público confiable y de calidad.
Indicó que los departamentos de Colegios Privados, Psicología y Jurídica de Educación estudiará detenidamente el documento que los colegios ponen a firmar a los padres para ver si no lesiona los intereses de los estudiantes.
Los colegios se niegan a inscribir a los alumnos cuyos padres no se comprometan a firmar los pagarés, que permitirían a los centros educativos embargar los bienes familiares en caso de producirse atrasos en el pago de las mensualidades.
La decisión de los centros educativos privados es una respuesta a la sentencia del Tribunal Constitución de marzo de este año, que les prohibe expulsar de las aulas a los estudiantes por falta de pago de las colegiaturas.
El TC tomó la decisión en virtud de un recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito Nacional, que pretendía que fueran declarados inconstitucionales los artículos del Código del Menor que prohibe suspender a los alumnos que se retrasen en el pago.
La decisión del TC fue respaldada por una resolución del ministerio de Educación, en cumplimiento de la Constitución de la República y la Ley 136-03 sobre la protección a niños, niñas y adolescentes.
Juan Ávila manifestó que, con su decisión, los colegios privados pretenden “arrebatar” el patrimonio de los padres de familia.
“Eso es monstruoso. Eso es ilegal e inconstitucional y vamos a elevar un recurso de amparo en contra de esa medida”, manifestó Ávila, en entrevista telefónica.
Pidió a los padres de familia que no firmen ningún documento que pueda comprometer sus patrimonios.
“Que no firmen ninguna hoja en blanco”, insistió.
´Pidió a Educación que haga valer su autoridad frente a los dueños y directores de centros privados.
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